Cuarto informe
Una vez que los Comités de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se instalaron, su primera tarea fue la de emitir las respectivas Convocatorias a la ciudadanía interesada en participar por alguno de los 881 cargos en disputa en las Elecciones Judiciales de junio próximo. Para ello se establecieron mecanismos de registro para adjuntar la documentación requerida para la conformación de expedientes de los aspirantes. Una vez registradas las personas, las y los integrantes de los Comités deberían revisar que cumplieran con los requisitos curriculares para que puedan pasar a la etapa de evaluación y valoración de la idoneidad de los perfiles.
Como se dio cuenta en el informe anterior, las Convocatorias fueron emitidas al filo del plazo fijado para ello, el 4 de noviembre, estableciendo cada Comité su propio sistema electrónico, alojado en distintas páginas web, para que las y los aspirantes crearan un perfil único, registrando los datos personales requeridos y procediendo a integrar su expediente con la documentación que respaldara su candidatura. El periodo de registro se estableció entre el 5 y el 24 de noviembre. Es de resaltar que, de manera previa, no existió una restricción sobre la posibilidad de que las personas aspirantes se tuvieran que registrar ante uno solo de los Comités, dejando abierta la posibilidad de que se pudieran realizar el trámite, de manera simultánea, ante los tres.
La inscripción por parte de las personas interesadas requirió, de entrada, obtener la documentación que respaldaba su postulación, lo cual necesariamente implicaría un tiempo previo de recopilación y digitalización. Debido a lo anterior y al hecho de que las Convocatorias no se conocieran con la anticipación debida, notas periodísticas dieron cuenta de que los primeros días de registro las inscripciones fueron escasas, e incluso la información disponible en las páginas de los Comités que las hicieron públicas, respaldaban este patrón.
Para el viernes 22, último día hábil antes del cierre de la Convocatoria, se informó de la saturación de los portales de registro de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, lo que obligó, por ejemplo, al Comité del Poder Legislativo a habilitar direcciones de correo electrónico como una medida alternativa durante el fin de semana, para hacer frente con ello a un inusual número de personas que solicitaron su registro de último momento. Ante este escenario se dispararon cuestionamientos sobre la objetividad y la transparencia en el proceso que debía realizarse a través de las plataformas habilitadas para ello.
El Comité del Poder Judicial abonó a la claridad en el proceso de registro al informar diariamente la cantidad de personas inscritas, elaborando informes semanales con los nombres de las y los aspirantes. El Comité del Poder Ejecutivo emitió las cifras al finalizar el periodo de registro, publicando los listados con los nombres al día siguiente de la fecha de término. Por lo que respecta al Comité del Poder Judicial, éste no emitió las cifras finales, sino una proyección que reflejaba el número de registros en el sistema, aquellos que acudieron de manera presencial a entregar sus documentos y la cantidad de correos electrónicos que se recibieron en las direcciones habilitadas para ello; no obstante, al contabilizar los correos recibidos, no distinguieron entre registros efectivos, duplicados de aspirantes que se hubieren registrado por sistema o presencial, o simplemente correos que se recibieron con preguntas o dudas sobre el procedimiento.
Le tomó 13 días al Legislativo el emitir las cifras finales y los listados, publicándolos el sábado 7 de diciembre, sin depurar los nombres en donde se apreciaron registros “de prueba” o personas duplicadas, lo que deja dudas sobre la calidad de los trabajos del Comité, en cuanto a que se hubiera respetado la fecha límite para el registro, que las y los aspirantes hubieren entregado su documentación necesaria, y que se trate de personas que efectivamente hubieren solicitado voluntariamente su registro. Posterior a la publicación de estas listas, los Comités iniciaron la etapa de revisión de los expedientes de quienes se registraron y si cumplieron con los requisitos, algo que abordaremos en el próximo informe.
Estos son algunos de los efectos negativos que observamos sobre la integridad electoral:
Poca transparencia: junto a la intermitencia en las plataformas de registro y faltando unas cuantas horas para el cierre de los registros, el Poder Legislativo desactivó el sistema para la inscripción de los registros arguyendo mantenimiento, lo que no abona al proceso de transparencia y rendición de cuentas sobre los registros.
Falta de certeza y registros poco confiables. El comportamiento en la tendencia de los registros se disparó de última hora. Si bien, salvo el Comité del Poder Judicial, no se emitían informes diarios de personas registradas, fue notoria la preocupación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo por promover la inscripción de aspirantes por diferentes medios, utilizando tanto medios tradicionales, como la radio y televisión, ruedas de prensa, discursos oficiales, así como redes sociales y las cuentas oficiales de diferentes dependencias del gobierno.
Parcialidad de las dependencias gubernamentales. Observamos con preocupación que instancias gubernamentales como el Instituto Mexicano de la Juventud utilizaran una estrategia mediática con materiales joviales para promover el registro de las y los jóvenes en el proceso, alertando sobre la seriedad con la que se promovía el registro. Todo lo anterior, teniendo en cuenta que ni los partidos políticos ni gobierno pueden incidir en el proceso.
Opacidad en el manejo de la información y discrecionalidad en cuanto a los mecanismos de registro. No hubo una vía confiable de conocer cuántas personas solicitaron su registro a lo largo del proceso. Las cifras que trascendieron a los medios de comunicación oscilaron alrededor de los 2 mil al finalizar la primera semana de registros, hasta entre los 20 mil y los 50 mil aspirantes al finalizar. No obstante, los registros efectivos, de acuerdo con los listados publicados, no alcanzaron la cifra de 33 mil.
Tardanza en la publicación de las listas. El Comité del Poder Judicial publicó de manera periódica las cifras de personas registradas y los listados con los nombres con cortes diarios y concentrados semanales. El Comité del Poder Ejecutivo dio a conocer un corte y listado final. En el caso del Comité del Poder Legislativo, éste entregó las cifras finales dos semanas después, de manera agregada sin considerar específicamente el cargo al que se registraron las y los aspirantes.
Errores en la confección de los listados de aspirantes. La publicación de las listas, en el caso del Poder Legislativo, se dio 15 días después de la fecha límite de registros. A pesar de esto, en la información publicada se presentaron errores tales como nombres duplicados, nombres de prueba o registros ininteligibles, que no abonan a la identificación de los perfiles y a la certidumbre que debe imperar en este proceso, y tampoco a la transparencia ni accesibilidad de la información.
No se fomentó especialmente la participación de mujeres. Si bien no todos los Comités dieron a conocer los registros desagregados por género y por cargo, se aprecia que el número de mujeres registradas ronda el 30% del total de registros. Se pudo observar que, desde las Convocatorias, y durante todo el proceso de registros, no se realizó una campaña especial que promoviera el registro de mujeres, y tampoco de manera específica a aquellos cargos cuyo concurso será específico para este género.
Contexto: Es importante mencionar que en la última semana se aprobó el presupuesto que se asignará al INE para los trabajos operativos y de preparación de la elección. Al respecto emitimos un comunicado sobre las consecuencias del ahogo presupuestal y la situación adversa por la que atraviesa el INE para garantizar un proceso electoral íntegro.