Quienes integramos el Observatorio Electoral Judicial manifestamos nuestra preocupación por la situación y el contexto en el que se dio la renuncia del Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal. Las cinco personas que integraban el mencionado Comité presentaron su renuncia al calificar la tarea constitucional que les había sido encomendada como “inviable”.

Desde su instalación, fuimos testigos públicos de la serie de actividades que sus integrantes desarrollaron en el marco de su actividad de evaluación. Fue el único Comité que, desde su convocatoria, emitió un procedimiento con una metodología comprobable y pública tanto para la ciudadanía como para las personas aspirantes, lo que generaba la certeza necesaria en su labor. Fue además el único Comité que estableció un procedimiento interno para seleccionar las y los mejores perfiles a partir de evaluaciones objetivas, exámenes y entrevistas, y que definió un procedimiento de inconformidad para quien tuviera reparos en el actuar o las determinaciones del mismo Comité. También fue el único que acató las resoluciones emitidas por personas juzgadoras respecto de suspender el procedimiento de evaluación en medio de la incertidumbre jurídica del proceso.

Advertimos que, tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre reanudar las labores de evaluación, a pesar de las suspensiones subsistentes, la postura del Comité de hacer partícipe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación abonaba al cumplimiento de la legalidad; no obstante el propio TEPJF consideró ese actuar como incumplimiento de la sentencia, ordenando al Senado que sustituyera al Comité, lo que implica que el Senado de la República, quien ya contaba con un papel preponderante en la etapa de conformación de los listados de personas candidatas, acapare funciones, y desplace a un órgano colegiado imparcial emcargado de garantizar la idoneidad de las candidaturas, a pesar de que uno de los motivos de la reforma era la democratización del Poder Judicial a través de la participación, entre otros actores, de los tres Poderes de la Unión. Esta decisión del Tribunal Electoral genera incertidumbre, no abona  a la certeza en la validez y legalidad de las candidaturas y sigue empañando el proceso con decisiones no previstas en la reforma y las reglas aprobadas.

Desde el Observatorio Electoral Judicial hacemos un llamado a que cesen las acusaciones que, desde el Senado, se lanzan  contra quienes integraron el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación y reiteramos que tanto  la coordinación como el equilibrio entre los Poderes de la Unión  son  fundamentales para nuestra democracia. Instamos a que se establezca un procedimiento que respete de manera irrestricta lo establecido en la reforma constitucional y que brinde tanto a las y los aspirantes, como a la ciudadanía, certeza de la legalidad y transparencia en el proceso de selección candidaturas que aparecerán en las boletas del 1° de junio.

Observatorio Electoral Judicial